Helena Monzón denunció que la llegada de María Belinda Aguilar Díaz podría representar aún más trabas para el caso Cecilia Monzón Pérez.
Tras la renuncia de Margarita Gayosso Ponce y Carlos Palafox Galeana como titulares del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial de Puebla, Helena Monzón calificó los cambios como “abruptos” en los órganos que conforman el Poder Judicial poblano.
En un comunicado de prensa, la hermana de la víctima consideró un retroceso en la impartición de justicia sobre el crimen perpetrado el año pasado en San Pedro Cholula.
“Preocupa el hecho de que desde el año 2011, María Belinda Aguilar Díaz haya sido ligada a un supuesto apoyo recibido por parte de diputados del PRI para llegar a la magistratura del Poder Judicial, partido político del que emanó Javier López Zavala, quien hoy es señalado como el autor intelectual del asesinato de su expareja y madre del hijo de ambos”.
María Belinda –agregó-, uno de los bastiones principales de López Zavala en el Poder Judicial; […además de la] relación con su impacto potencial en los casos presentados en curso y ponen sobre la mesa sospechas de influencia política en la toma de decisiones.
Para Helena Monzón las designaciones significan una inestabilidad, ya que durante el tiempo que el caso ha tomado curso, han pasado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tres titulares, por lo que la sentencia a Javier López Zavala aún no ha llegado.
Helena Monzón acumuló una relatoría en su cuenta de X, antes Twitter, sobre distintas dilaciones a la audiencia intermedia en la que se solicitó el juicio oral contra Javier López Zavala en el que se exige una pena de hasta 60 años de prisión.
“Es urgente garantizar una respuesta para todas las demandas presentadas ante el Tribunal, de manera justa e imparcial. Exigimos transparencia para que el panorama cambiante dentro del Poder Judicial no represente un nuevo retraso en estos procedimientos, de lo contrario, existe un riesgo, tanto para el caso de mi hermana, como para miles de mujeres mexicanas que enfrentan obstáculos para obtener respuestas en sus casos desatendidos, demasiadas veces por negligencia de las autoridades”.
