El presidente de Argentina, Javier Milei, presentó al Congreso un paquete de leyes conocido como Omnibús, texto de 351 páginas que contempla la desregularización de la economía, la modificación a las pensiones y dotar de mayor poder al Ejecutivo, lo que ha provocado manifestaciones en su contra, con un saldo al menos de seis detenidos.
La propuesta que más preocupa a sus detractores es la que pide declarar “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025”, período que “podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años”.
En la práctica, si esta norma se aprobara, Milei tendría durante sus cuatro años de gobierno la potestad de decidir sobre todos estos temas sobre los que hoy sólo puede legislar el Parlamento.
El Congreso, donde el oficialismo es la tercera minoría, puede invalidar el decreto de unos 600 artículos y que modifica 20 leyes, pero es un trámite que tomaría varios meses.
Dentro de las iniciativas destaca también el establecer “la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional”, la promoción de la reactivación productiva mediante la eliminación de restricciones a la competencia y la reorganización de la administración pública nacional, además de la privatización de 41 empresas públicas “con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica”, entre las que se encuentran la petrolera YPF, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
En materia política, el ultraderechista busca eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), apenas creadas en 2029, así como reducir el número de diputados, los cuales serán elegidos uno por cada 180 mil habitantes de una demarcación o fracción no menor de 90 mil, con lo que se calcula que bajen de 257 a 255.
Esta disminución podría parecer insignificante,pero, por ejemplo, el reparto de bancadas por habitante aumentará de 70 a 97 los diputados para la provincia de Buenos Aires y disminuirá de 25 a 17 los correspondientes para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Además, el conjunto de propuestas que Milei envió al Congreso de Argentina por decreto limita el derecho a huelga, modifica convenios laborales y el sistema de indemnizaciones por despido, redefine la jornada laboral y deroga leyes de protección a los consumidores contra aumentos abusivos de precios cuando la inflación anual supera el 160% y la pobreza el 40 por ciento.
Milei, que asumió la presidencia el 10 de diciembre con la promesa de reducir el gasto del Estado, ya anunció que no renovará los contratos de 7 mil empleados públicos, además de otras políticas.
UNA SOCIEDAD INCONFORME
Ante las reformas que propone el presidente ultraliberal, sindicatos y sociedad civil se dieron cita en las calles para mostrar su inconformidad, a apenas 17 días de que inició el nuevo gobierno.
“No cuestionamos la legitimidad del presidente Milei, pero queremos que respete la división de poderes. Los trabajadores tienen la necesidad de defender sus derechos cuando hay una inconstitucionalidad”, dijo a la prensa Gerardo Martínez, secretario general del sindicato de la construcción, uno de los que encabezaron la manifestación a la que también adhirieron organizaciones sociales.
El dirigente sindical instó al gobierno a “conformar una mesa colectiva de diálogo tripartita con empresarios y sindicatos, como han tenido otros países que han atravesado un ajuste severo”.
“Venimos a decirle no al decreto porque se lleva puesto a uno de los poderes del Estado, el Congreso”, dijo Adrián Grana, uno de los manifestantes para quien la iniciativa presidencial “es un decálogo para favorecer a los poderosos en desmedro del pueblo”.
La manifestación se desarrolló pacíficamente hasta pasado el mediodía, cuando un grupo de personas tuvo pequeños altercados con policías que intentaban impedir que cerraran una calle.
La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich estuvo monitoreando las manifestaciones desde un centro de comando para verificar que las nuevas reglas de protesta, conocidas como Protocolo Antipiquetes, fueran cumplidas, por ejemplo, que las marchas se lleven a cabo en las banquetas, sin obstruir el paso de los vehículos, o la advertencia a trabajadores por descuento del día.
Con información de Excelsior, AFP, DPA y Reuters.
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