En sesión ordinaria de la LXII Legislatura del Congreso, el diputado Julio Miguel Huerta Gómez presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado, a la Ley de Seguridad Pública, a la Ley del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todas del Estado de Puebla, para que se instituya un cuerpo de seguridad especializado para el auxilio inmediato a las mujeres, niñas, niños y adultos mayores en situación de violencia, al cual se llamará “Guardia Violeta”.
La propuesta del legislador indica que, algunas de las funciones de la “Guardia Violeta” serán: brindar auxilio a las mujeres, y en su caso, a sus hijas e hijos en situación de violencia; salvaguardar y privilegiar la seguridad e integridad física, psicológica y social de las mujeres y en su caso, de sus hijas e hijos en situación de violencia; y solicitar inmediatamente los servicios de urgencia que correspondan.
También, solicitar la intervención de las juezas y jueces especializados en materia familiar, realizar la detención y puesta a disposición de las personas agresoras en caso de constituirse como primeros respondientes con base en los ordenamientos jurídicos aplicables en la materia.
La propuesta legislativa fue enviada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública para su estudio y resolución procedente.
En tanto, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, con el propósito de establecer la obligación de diseñar, implementar y evaluar protocolos específicos para la prevención, atención y sanción de la violencia vicaria.
Dichos protocolos deberán tomar en cuenta las consideraciones de los modelos prevención, investigación, atención, sanción y erradicación de la violencia establecidos en la presente Ley y deberán aplicarse en los ámbitos judicial, educativo, de salud y de asistencia social.
La iniciativa fue enviada a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y resolución procedente.
