Por Daniel Osorio
El Gobierno de Puebla presentó ante el Congreso local una iniciativa para endurecer el castigo contra el delito de despojo inmobiliario, con penas que podrían alcanzar hasta 20 años de prisión en los casos más graves.
La propuesta fue enviada por el gobernador Alejandro Armenta y expuesta por José Luis García Parra, coordinador del Gabinete estatal, quien señaló que el objetivo es fortalecer el marco legal para sancionar con mayor severidad a quienes participen en este tipo de conductas.
Actualmente, el despojo se castiga con penas que van de tres meses a tres años de cárcel. Con la reforma, la sanción base aumentaría a entre seis y 12 años de prisión.
La iniciativa también contempla penas de hasta 15 años para quienes financien, dirijan o sean autores intelectuales del delito. En caso de que el despojo tenga fines comerciales, como la venta posterior del inmueble obtenido de manera ilegal, la condena podría incrementarse hasta llegar a los 20 años.
Entre las circunstancias que agravarían las penas se incluyen los casos en que las víctimas sean personas adultas mayores, menores de edad, personas con discapacidad o integrantes de comunidades indígenas. También se considera como agravante la participación de servidores públicos, el uso de documentos falsos o la intervención dolosa de notarios.
De acuerdo con autoridades estatales, la reforma busca frenar redes dedicadas al despojo de propiedades y fortalecer la protección del patrimonio de las familias en la entidad. El proyecto será discutido en el Congreso del Estado, donde se determinará si se aprueban las modificaciones planteadas.
