Por Daniel Osorio
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó un análisis del Registro Nacional de Personase Desaparecidas y No Localizadas, que contabiliza 132 mil 574 casos acumulados en el país.
El registro, administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda y alimentado con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, muestra un panorama con rezagos en información, seguimiento e integración de expedientes.
De acuerdo con el desglose oficial, 43 mil 128 casos no cuentan con ningún registro adicional, mientras que 46 mil 742 presentan falta de datos suficientes para orientar la búsqueda. En tanto, 40 mil 308 personas tienen algún tipo de actividad posterior a su desaparición, lo que permite mantener abiertas líneas para acreditar prueba de vida.
El informe también identifica 2 mil 356 casos ocurridos entre 1952 y 2005, considerados como desapariciones de larga data, varios de ellos vinculados a desaparición forzada. A pesar de la magnitud del fenómeno, solo 3 mil 869 registros cuentan con carpetas de investigación o averiguaciones previas formalmente integradas.
Durante la presentación, la mandataria señaló que el objetivo central es fortalecer las capacidades institucionales para la localización de personas.
“Lo que queremos es encontrar a los desaparecidos y darle todo el apoyo a las familias”, afirmó.
Por su parte, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumercindo, mantiene coordinación permanente con fiscalías estatales para la actualización de los casos.
En complemento, la secretaria ejecutiva del SESNSP, Marcela Figueroa Franco, informó que desde 2006 se han registrado alrededor de 130 mil personas desaparecidas, de las cuales el 31% presentó actividad posterior a su reporte.
Añadió que, en promedio, 66 de cada 100 personas reportadas como desaparecidas son localizadas en el mismo mes, y que en el 96% de los casos la ausencia no está vinculada con la comisión de un delito.
En cuanto al perfil de las víctimas, el 78% corresponde a hombres de entre 30 y 59 años, mientras que el 22% son mujeres, principalmente entre los 18 y 29 años.
La presidenta insistió en la necesidad de mejorar el funcionamiento de los ministerios públicos y garantizar que las fiscalías estatales cumplan con sus responsabilidades en la integración y seguimiento de las investigaciones.
