Por Daniel Osorio
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas por presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas y uso de armamento de alto poder.
De acuerdo con la imputación, los señalados habrían participado en una conspiración para introducir fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas a territorio estadounidense, además de estar vinculados con la posesión y uso de ametralladoras y explosivos.
La acusación también establece presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como “Los Chapitos”, a cambio de protección y apoyo político durante el proceso electoral de 2021.
Tras darse a conocer el caso, el gobierno de México confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió la solicitud de detención provisional con fines de extradición, la cual fue turnada a la Fiscalía General de la República para su análisis.
El fiscal especial Ulises Lara López señaló que, hasta el momento, no existen elementos probatorios suficientes en México y que cualquier posible extradición dependerá de lo que determine la propia FGR. También advirtió que la difusión del caso podría afectar su desarrollo.
Por ahora, no existe una orden de detención en territorio mexicano ni un proceso de extradición en curso. Además, cualquier acción legal contra el mandatario requeriría previamente un proceso de desafuero.
Rubén Rocha Moya rechazó las acusaciones, las calificó como falsas y sostuvo que se trata de un ataque con tintes políticos.
