Por Daniel Osorio
La relación entre la presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero «Lupita» Bárcenas, y la mayoría de los integrantes de su Cabildo llegó a un punto de quiebre este lunes, cuando ocho regidores respaldaron una solicitud para que el Congreso del Estado analice la revocación de su mandato.
La determinación refleja la pérdida de respaldo político de la alcaldesa dentro del propio gobierno municipal. De los diez integrantes con derecho a voto que participaron en la sesión, ocho apoyaron la medida, uno votó en contra y otro se abstuvo.
Los regidores argumentaron que existen diversas irregularidades que deben ser revisadas por el Poder Legislativo. Entre ellas mencionaron presunta opacidad en el manejo de recursos públicos, falta de información sobre gastos del ayuntamiento, diferencias salariales entre integrantes del Cabildo y la presidenta municipal, así como señalamientos de nepotismo y abuso de autoridad.
La propuesta fue presentada por la regidora Julieta Jiménez Velázquez, quien sostuvo que las diferencias con la alcaldesa se han acumulado durante los últimos meses sin que existieran mecanismos internos para resolverlas.
Durante la sesión también se registraron momentos de tensión por la presencia del director de Seguridad Pública Municipal en el recinto. Algunos integrantes del Cabildo cuestionaron su ingreso y consideraron que no debía participar en una discusión de carácter político y administrativo.
Tras aprobarse el acuerdo, Julieta Jiménez responsabilizó públicamente a la alcaldesa y al secretario de Seguridad Pública de cualquier situación que pudiera afectar la integridad de los regidores que respaldaron la petición.
La solicitud será enviada al Congreso del Estado, instancia que deberá revisar los argumentos presentados por los integrantes del Cabildo y determinar si existen elementos legales para iniciar algún procedimiento. La votación realizada este lunes no implica la destitución de la alcaldesa, ya que esa facultad corresponde exclusivamente al Poder Legislativo.
Por su parte, Guadalupe Bárcenas rechazó los señalamientos y sostuvo que las acusaciones carecen de sustento legal. La presidenta municipal ha señalado que detrás del conflicto existen intereses políticos y económicos de algunos integrantes del Cabildo.
