Por Daniel Osorio
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla investiga el homicidio de un hombre que murió luego de ser agredido por un grupo de personas en el municipio de Cohuecan. La víctima fue encontrada con quemaduras en diversas partes del cuerpo y falleció mientras recibía atención médica, por lo que la dependencia abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.
Los hechos se registraron la noche del 3 de julio de 2026 sobre la carretera federal Atlixco-Cuautla. De acuerdo con la información oficial, policías municipales que realizaban un recorrido de vigilancia encontraron la vialidad bloqueada por un grupo de aproximadamente 60 personas, algunas con el rostro cubierto y en actitud agresiva.
Según la Fiscalía, los elementos intentaron intervenir, pero fueron rebasados en número, por lo que solicitaron apoyo de otras corporaciones y activaron los protocolos de actuación.
Tras el arribo del refuerzo, las autoridades lograron ingresar al sitio y localizaron con vida a Juan Felipe N., de 34 años, originario de la junta auxiliar de San Matías Cocoyotla, en el municipio de San Pedro Cholula. La víctima presentaba quemaduras en distintas partes del cuerpo y fue atendida por paramédicos; sin embargo, murió a consecuencia de las lesiones.
Hasta ahora, la Fiscalía no ha informado qué motivó la agresión ni si el hombre era señalado por la presunta comisión de algún delito, por lo que las investigaciones continúan para establecer el contexto de los hechos.
La dependencia informó que agentes del Ministerio Público y peritos realizan las diligencias correspondientes para identificar a quienes participaron en la agresión y determinar las responsabilidades penales.
En los últimos años, Puebla ha registrado diversos casos de presuntos linchamientos y tentativas de linchamiento, principalmente en comunidades donde pobladores retienen a personas ante la sospecha de haber cometido algún delito. Las autoridades estatales han insistido en que estos hechos constituyen delitos y que cualquier responsabilidad debe ser determinada por las instituciones de procuración de justicia.
