La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Alejandro Espidio Reyes, presentó denuncias penales formales contra los representantes legales de seis empresas contratistas que entregaron documentación apócrifa para intentar adjudicarse proyectos de infraestructura gubernamental.
La ofensiva judicial derivó de las revisiones administrativas donde se detectó que las firmas alteraron sus historiales corporativos para simular la experiencia y capacidad técnica que exigen los procesos de licitación.
Ante la detección de estas prácticas fraudulentas, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, confirmó la implementación de un blindaje jurídico para impedir que las compañías señaladas continúen operando con recursos del erario. Esta estrategia se consolidó mediante una modificación directa a la Ley de Obra Pública, iniciativa que fue avalada por el Congreso del Estado el pasado 15 de julio.
La reforma legislativa concretó la adición del artículo 48 Bis al marco normativo, una disposición que otorga facultades directas a la Secretaría Anticorrupción para vetar de manera definitiva a los corporativos infractores. Con este candado, la dependencia negará en automático la inscripción o la revalidación en el padrón estatal de contratistas a cualquier consorcio que incurra en la falsificación de datos.
El alcance del nuevo estatuto legal trasciende a la administración estatal y obliga a los 217 ayuntamientos a replicar el veto contra las empresas irregulares. A partir de la modificación, las contralorías municipales cuentan con el mandato de endurecer sus procesos de calificación en los concursos de obra, garantizando el rechazo a proveedores que carezcan de solvencia profesional comprobable.
La judicialización de los seis expedientes marca el inicio de la depuración del padrón de proveedores en la entidad. La intervención coordinada entre el gabinete estatal y el Poder Legislativo busca deslindar las responsabilidades penales de los empresarios involucrados y asegurar que las futuras inversiones públicas recaigan exclusivamente en corporativos que demuestren eficiencia operativa.
