Por Daneil Osorio
Rubén Alberto Curiel Tejeda, coordinador general jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla y exencargado de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, fue localizado sin vida la mañana de este viernes 25 de septiembre de 2026 en el estacionamiento del Centro Integral de Servicios, ubicado sobre la Vía Atlixcáyotl. El hallazgo de la víctima, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General del Estado de Puebla, ocurrió minutos después de las 10:00 horas al interior de una camioneta en el sótano tres del complejo administrativo.
Servicios de emergencia e integrantes de las corporaciones de seguridad acudieron al estacionamiento subterráneo tras recibir la alerta sobre la presencia del servidor público herido con un impacto de arma de fuego. Paramédicos que arribaron al inmueble confirmaron la ausencia de signos vitales, por lo que elementos de la Policía Estatal y peritos ministeriales acordonaron la zona para iniciar el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios en la escena.
A través de un comunicado institucional, la Fiscalía de Puebla informó de manera preliminar que las líneas de investigación apuntan hacia un probable caso de fallecimiento autoinfligido; sin embargo, la dependencia remarcó que esta hipótesis no es definitiva y que las diligencias se mantendrán abiertas para esclarecer los hechos. En el mismo pronunciamiento, la institución envió sus condolencias a la familia y recordó el paso del funcionario como exintegrante de la Fiscalía. Por su parte, la Secretaría Anticorrupción del estado confirmó que colaborará con las autoridades indagatorias.
Curiel Tejeda era doctor en Derecho, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y docente universitario en la Escuela Iberoamericana de Puebla y la Universidad de las Américas. En la función pública asumió la titularidad de la fiscalía anticorrupción en noviembre de 2025, de donde fue removido en julio de 2026 por la fiscal general Idamis Pastor Betancourt, integrándose posteriormente al equipo jurídico de la Secretaría Anticorrupción bajo la gestión de Alejandro Armenta Mier, secretaría con la que tuvo actividades de trabajo un día antes de su deceso.
