POR DANIEL OSORIO
Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como el «Monstruo de Atizapán» o el «Caníbal de Atizapán», falleció a los 77 años en el Penal de Tenango del Valle, dejando inconclusas las investigaciones de decenas de expedientes de mujeres desaparecidas a lo largo de tres décadas.
Fuentes del sistema penitenciario y de salud confirmaron que el feminicida murió por complicaciones respiratorias graves derivadas de una neumonía y diabetes tipo 2 descontrolada, tras sufrir un deterioro físico por el que ya había sido hospitalizado de urgencia en 2025. El deceso ocurrió en el Hospital Adolfo López Mateos de Toluca, a donde fue trasladado en estado crítico desde su celda, donde permanecía aislado y en total abandono familiar.
El hallazgo que destapó tres décadas de impunidad
El caso de Mendoza Celis salió a la luz en mayo de 2021 tras el feminicidio de Reyna González Amador, una comerciante de 34 años. Ante la inacción inicial de las autoridades, fue el propio esposo de la víctima quien rastreó las últimas ubicaciones de Reyna hasta el domicilio del agresor, en la colonia Lomas de San Miguel, en Atizapán de Zaragoza.
Al ingresar al inmueble, peritos de la Fiscalía del Estado de México descubrieron un escenario macabro: en el sótano y debajo del piso de las habitaciones hallaron una fosa clandestina con más de 4 mil restos óseos correspondientes a por lo menos 19 personas, la mayoría mujeres. En el lugar también aseguraron cientos de pertenencias de las víctimas —credenciales de elector, bolsos, ropa y calzado—, además de herramientas de corte, cuadernos donde el agresor anotaba meticulosamente los nombres de sus víctimas y vídeos grabados por él mismo durante los ataques.
Murió acumulando más de 400 años de cárcel
Hasta el momento de su deceso, Mendoza Celis sumaba ocho sentencias condenatorias dictadas entre 2022 y 2024: una pena vitalicia, una condena de 92 años y seis más de 55 años de prisión cada una por feminicidio y delitos vinculados a la desaparición de personas.
A pesar de las condenas obtenidas, colectivos de familias de víctimas y la propia Fiscalía mantenían carpetas abiertas para identificar científicamente la totalidad de los fragmentos óseos localizados en la vivienda, por lo que su muerte cierra por vía biológica el juzgamiento de los crímenes que cometió desde la década de 1990.
