El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó este lunes 5 de febrero su paquete de 20 reformas a la Constitución que enviará al Legislativo, señalando que tiene como objetivo aprovechar una “oportunidad histórica” para el beneficio de los mexicanos.
López Obrador señaló que sería un “error” dejar pasar esta “oportunidad histórica” con el propósito de afianzar valores, ideales y volver a imprimirle a la Constitución su carácter democrático y sobre todo eminentemente social.
“No olvidemos que si por nuestros errores, desidia o desviaciones los reaccionarios logran regresar al poder, que sea mucho lo que tengan que echar atrás y que la regresión les resulte muy difícil, ardua, hasta el punto que le sea imposible cancelar los beneficios que estamos estableciendo en bien del pueblo y que con esa certeza; si regresan los corruptos, las nuevas generaciones puedan recuperar el camino de la justicia, la paz, la democracia y la soberanía”, dijo el presidente.
Asimismo, mencionó que la razón del paquete de reformas es “modificar el contenido de artículos antipopulares que fueron introducidos durante el periodo neoliberal”.
Las 20 propuestas de Reforma son:
Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente.
Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Lo mismo para personas con discapacidad, que recibirán una pensión de carácter universal.
Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad.
Garantizar atención médica integral gratuita a todos los mexicanos.
Que los trabajadores y sus familias puedan ser miembros de sus viviendas.
Prohibir el maltrato a los animales.
Proscribir en el territorio nacional la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. No otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto.
Hacer respetar las zonas con escasez de agua y sólo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico.
Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y hacer lo mismo con el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de las llamadas “factureras”.
No permitir bajo ninguna circunstancia que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual.
El salario mínimo para maestros de educación básica de tiempo completo, así como de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al Seguro Social.
Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada por el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997, como la impuesta por Felipe Calderón en 2007 porque afecta injustamente a trabajadores del Seguro Social y del ISSSTE, pues les impiden jubilarse con el 100 por ciento de su salario. A los trabajadores en general, desde el 1 de mayo de 2024 se va a crear un fondo semilla de 64 mil 600 millones de pesos que seguirá incrementando poco a poco, al mismo tiempo que se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal.
Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. En el caso de los jóvenes, cuando no estén estudiando ni tengan oportunidad de conseguir un empleo, el Estado debe contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año mientras se capacitan en tiendas, talleres, empresas o cualquier actividad productiva del campo o laboral, tal como opera el programa ‘Jóvenes construyendo el futuro’.
Todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras, sembrando árboles frutales y maderables, contarán con un jornal seguro, justo y permanente, como sucede con el programa ‘Sembrando Vida’. Los campesinos y pescadores seguirán recibiendo el apoyo directo del programa ‘Producción para el bienestar’. Se mantendrán precios de garantía para la compraventa de alimentos básicos y se continuará entregando fertilizante gratuito a todos los pequeños productores del país.
Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente dedicados al transporte de carga. Asimismo, el Estado estará obligado a garantizar el derecho del pueblo a los servicios de internet, ya sea con una empresa pública o a través de concesiones a compañías particulares. Se le devolverá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su carácter de empresa pública, estratégica en beneficio de los consumidores domésticos y de interés nacional.
Reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos. La disminución del número de regidores en gobiernos municipales. Que se evite el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales. El Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y el Senado se conformará con 64 legisladores. Tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales serán electos por el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos. Se fortalecerá la democracia participativa con la reducción del 40 al 30 por ciento de participantes en consultas populares para hacerlas válidas, efectivas y vinculatorias; esto mismo aplicará en el caso de la revocación del mandato.
Jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y ser nombrados por diputados y senadores en los congresos, serán electos de manera directa por el pueblo.
Para evitar que la Guardia Nacional se corrompa, se propone que la institución forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Convertir en política de Estado la austeridad republicana. Se volverá a redactar con mayor claridad y contundencia en el artículo 127 de la Constitución el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más de lo que perciba legalmente el presidente de la República. De igual modo, no se permitirán privilegios ni extravagancias en ninguno de los poderes del gobierno federal.
Eliminar todas las dependencias y organismos, “supuestamente autónomos”, creados durante el periodo neoliberal.
