Por Daniel Osorio
La Cámara de Diputados aprobó la madrugada del 27 de mayo una nueva modificación constitucional conocida como la “reforma a la reforma judicial”, con cambios al modelo aprobado en 2024 para la elección popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.
El dictamen fue avalado en lo general con 341 votos a favor de Morena, PT y PVEM, así como 124 votos en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, con lo que alcanzó mayoría calificada. La discusión se extendió por más de 15 horas y continuó posteriormente con la revisión de reservas en lo particular.
La iniciativa fue impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, bajo el argumento de corregir fallas detectadas durante la implementación inicial de la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, entre ellas problemas en los comités de evaluación, mecanismos de insaculación y falta de criterios homologados para la selección de aspirantes.
Entre los principales cambios aprobados destaca el aplazamiento de la elección judicial federal y local prevista para 2027, la cual ahora se realizaría el 4 de junio de 2028. El proyecto también fortalece los comités de evaluación, reduce el número de candidaturas y modifica el esquema de sorteo para la selección de perfiles.
La reforma redefine además la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para mantener nueve ministros con periodos de 12 años en el cargo. Asimismo, armoniza los procesos de revocación de mandato para hacerlos coincidir con jornadas electorales constitucionales.
Durante la discusión legislativa surgió controversia por una reserva presentada de última hora que permitiría la reelección de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, situación que podría ampliar la permanencia de algunos integrantes hasta por 17 años. La medida generó críticas tanto de partidos de oposición como de algunos legisladores de Morena.
La reforma judicial original fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024 y representó la primera modificación constitucional que estableció la elección mediante voto ciudadano de integrantes del Poder Judicial. El nuevo dictamen deberá ser discutido en el Senado y posteriormente aprobado por al menos 17 congresos estatales para concretar los cambios constitucionales.
