Por Daniel Osorio
La solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, abrió un escenario de incertidumbre política en la entidad, en medio de una investigación federal vinculada a señalamientos de autoridades de Estados Unidos.
El mandatario se separó del cargo el 1 de mayo con el argumento de no interferir en las indagatorias que lleva a cabo la Fiscalía General de la República, tras una acusación presentada por el Departamento de Justicia en Nueva York por presuntos vínculos con el narcotráfico. Rocha Moya rechazó los señalamientos, los calificó como falsos y aseguró que enfrentará el proceso conforme a derecho.
La decisión tuvo efectos inmediatos en el ámbito político local. El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también solicitó licencia temporal el mismo día, la cual fue avalada por el Cabildo. En su lugar asumió la alcaldía de forma interina Ana Miriam Ramos Villarreal.
En paralelo, el Congreso de Sinaloa activó el análisis sobre la sustitución en el Ejecutivo estatal. De acuerdo con el marco legal, si la ausencia del gobernador no rebasa los 30 días, la encargada del despacho sería la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde. Si la licencia se prolonga, el Legislativo deberá designar a un gobernador interino.
Aunque no hay una definición oficial, en el entorno político han comenzado a mencionarse distintos perfiles como posibles sustitutos, en caso de que el proceso se extienda.
La Fiscalía ha señalado que, hasta ahora, la solicitud de detención provisional presentada por autoridades estadounidenses no cuenta con elementos suficientes, mientras continúan las diligencias en territorio nacional.
El caso mantiene en desarrollo un escenario de presión política e institucional en Sinaloa, con posibles implicaciones para otros funcionarios señalados en la misma investigación.
