POR DANIEL OSORIO
Un fallo por desacato judicial llevó a la captura del realizador mexicano Samuel Adrián a su llegada al Aeropuerto El Dorado de Bogotá. El creador de contenido fue sancionado con 10 días de arresto tras rechazar la orden de un juez para eliminar de sus plataformas digitales el documental Colombia: fábrica de niños trans, producción que cuestiona los procedimientos médicos de cambio de sexo aplicados a menores de edad en ese país.
Antes de su aprehensión, Adrián confirmó en sus redes sociales que mantendría público el reportaje pese a las repercusiones legales, señalando que su decisión buscaba visibilizar el impacto de las terapias hormonales e intervenciones en la infancia. La acción legal que motivó la sanción no se originó por la comisión de un delito, sino por el incumplimiento de las medidas cautelares dictadas en un juicio de tutela promovido por profesionales de la salud aludidos en la pieza audiovisual.
El suceso generó un eco inmediato en la agenda del gobierno colombiano. El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre la detención y exhortó al Poder Legislativo a fijar un marco normativo estricto que regule o prohíba dichos procedimientos en menores, advirtiendo que la protección integral de la infancia exige frenar la indeterminación jurídica generada por resoluciones o amparos individuales.
