Es fundamental fortalecer los organismos constitucionales autónomos, en particular el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y el Instituto Nacional Electoral (INE), enfatizaron Fernando Méndez Sánchez, Director de la Facultad de Derecho de la UPAEP y Eder Vásquez Espinosa, profesor de esta facultad.
En un contexto de cuestionamiento a su existencia y validez, los expertos destacaron que estos organismos fueron el resultado de una lucha histórica para garantizar un sistema democrático más legítimo y transparente en México.
Además, señalaron que los ciudadanos tienen derecho al acceso a la información pública, lo que permite conocer las cuentas públicas y la funcionalidad de la administración pública.
Los académicos también destacaron la importancia de que las reformas legislativas se ajusten a ciertos requisitos, incluyendo no vulnerar derechos y ajustarse a necesidades sociales y procesos legislativos.
En resumen, los expertos enfatizaron la importancia de fortalecer y proteger estos organismos autónomos como garantes de los derechos y garantías ciudadanas en una democracia.
Asimismo, Fernando Méndez, Director de la Facultad de Derecho de la UPAEP, subrayó que en breve la universidad estará cumpliendo 50 años de fundación, al igual que la facultad de Derecho, y en ese sentido, preocupada en la formación profesional en el ámbito jurídico, la UPAEP ofrece la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo y una Maestría en Derecho Administrativo y Gestión Pública con el objetivo de proporcionar a los abogados y servidores públicos las herramientas necesarias para defender el Estado de Derecho y desempeñar su trabajo en beneficio de la comunidad.
Declaró que además, el enfoque de los posgrados de la UPAEP es la reflexión y el análisis crítico de las normas y los derechos vulnerados, con la finalidad de desarrollar habilidades de razonamiento y argumentación en los estudiantes.
De igual forma Fernando Méndez y Eder Vásquez, resaltaron la importancia de los cuerpos intermedios para defender los derechos de los ciudadanos y prevenir la vulneración de los mismos. En respuesta a una pregunta sobre los derechos más vulnerados en Puebla, los expertos señalaron que la delincuencia y la falta de atención de las autoridades a veces dificultan la protección de los derechos de los ciudadanos.
Para Fernando Méndez y Eder Vásquez, la cultura de la denuncia es fundamental en la recuperación de una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos, sin embargo, también es necesaria la capacitación y profesionalización de los servidores públicos para que brinden la atención adecuada a las víctimas al momento de presentar una denuncia.
Asimismo, se destacó que se debe trabajar en la cultura de la violencia entre ciudadanos, así como en la capacitación de los policías y órganos de seguridad. También se mencionó que el presupuesto asignado a diferentes organismos y la situación económica del país influyen en los niveles de delincuencia. En resumen, se requiere un enfoque integral para recuperar una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos.
Los académicos resaltaron la necesidad de evitar políticas represivas y aumentar la capacitación de los profesionales del derecho y del poder judicial para prevenir la reincidencia delictiva. Además, señalaron la importancia de abordar el tema desde una perspectiva social y política y trabajar en conjunto para garantizar la protección de los derechos humanos.
Fernando Méndez, director de la facultad de Derecho de la UPAEP, reiteró a los profesionales del campo del derecho a seguir preparándose y estudiar alguna de las maestrías, en Derecho Fiscal, Constitucional y Amparo, y Derecho Administrativo y Gestión Pública, así como el Doctorado en Ciencias Jurídicas, Política y Gobierno.
Por su parte, Eder Vásquez, habló sobre la importancia de la división de poderes y la responsabilidad conjunta de las instituciones y la sociedad en la protección de los derechos humanos. Además de destacar la fragilidad del Estado de Derecho y la importancia de proteger constantemente las instituciones y las figuras jurídicas que buscan proteger a los ciudadanos comunes.
