El Congreso del Estado aprobó por mayoría la Ley para regular el cobro de honorarios de los abogados de Puebla, con el objetivo de evitar que incurran en abusos contra sus clientes cuando no exista algún contrato de por medio.
Con 32 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones los diputados aprobaron la expedición de la Ley de Aranceles para el Cobro de Honorarios de los Abogados o Licenciados en Derecho.
La iniciativa propuesta por el gobernador Miguel Barbosa Huerta establece precios mínimos y máximos que podrán cobrar los abogados por otorgar sus servicios legales y jurídicos en la entidad.
Las reformas incluyen tabuladores para fijar los costos de honorarios con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de los rubros en materia civil, mercantil, laboral o familiar o juicios penales.
Los abogados cobrarán de acuerdo con el ejercicio de las actividades: Por lectura y análisis de documentos de cualquier clase, hasta 10 fojas, se cobrará hasta 5 UMA, es decir un promedio de 481 pesos tomando en cuenta que el valor actual de una UMA es de 96.22 pesos; si éstas exceden de 10 fojas, se cobrará el 5% de la cantidad señalada.
Por cada escrito de cualquier índole, se cobrará la cantidad de 5 a 20 UMAs, tomando en cuenta su extensión e importancia, es decir entre 481 y mil 924 pesos.
Por cada citación, emplazamiento, requerimiento, notificación, diligencia de exhortos y/u oficios, se cobrará la cantidad de hasta 20 UMAs.
Por cada citación, emplazamiento, requerimiento, notificación, diligencia de exhortos y/u oficios, se cobrará la cantidad de hasta 20 UMAs.
Por el desahogo de pruebas de todo tipo, se cobrará la cantidad de hasta 100 UMAs, tomando en cuenta su extensión e importancia.
La presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Mónica Silva Ruíz, detalló que los precios de los tabuladores se aplicarán siempre y cuando no exista algún contrato o acuerdo previo entre los abogados y sus clientes.
En ese sentido, afirmó que la nueva Ley de Aranceles no tiene como finalidad limitar o atentar contra el trabajo de los abogados, sino obligarlos a establecer, por escrito, el precio de sus servicios, evitando posibles abusos.
A la par, aseguró que buscan brindar certeza a los ciudadanos sobre el monto que pagarán por la intervención de un profesional en algún juicio o litigio.
“Es con la intención que podamos fijar un mínimo y un máximo, dependiendo de los servicios que preste el profesional del derecho para que pueda cobrar siempre y cuando, esta es la parte más importante, no se hayan puesto de acuerdo por escrito. Si lo escriben en un documento, que ambas partes están conformes con el monto, esta ley no tiene ninguna aplicación”, comentó la diputada local.
