Por Daniel Osorio
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima abrió una indagatoria penal luego de que se viralizara en redes sociales un video que muestra a presuntos elementos de la policía municipal de Coquimatlán cometiendo actos de tortura y abusos de autoridad en contra de un hombre que se encontraba bajo su custodia. La filtración del material generó una ola de indignación ciudadana y la exigencia de colectivos de derechos humanos para destituir a los mandos responsables.
En la grabación, compartida inicialmente por uno de los propios uniformados a un tercero antes de filtrarse a nivel nacional, se observa a la víctima, identificada formalmente como Gabriel “N”, sentado, vulnerable y con las manos esposadas a la espalda dentro de lo que parecen ser las oficinas del Ministerio Público de la corporación. Las imágenes documentan claramente cómo los agentes le arrojan agua directamente al rostro de forma continua y violenta, recurriendo al método de asfixia por sumersión —conocido coloquialmente como «el pozo»— con el objetivo de provocarle desesperación, dolor y ahogamiento para forzar una confesión.
De acuerdo con las primeras investigaciones ministeriales, las agresiones ocurrieron originalmente en noviembre de 2025; sin embargo, el caso cobró relevancia pública tras la reciente difusión masiva del material audiovisual en plataformas digitales, lo que evidenció las malas prácticas y la falta de protocolos de control de confianza dentro de la policía local.
Ante la gravedad del hecho y la exposición del video, la víctima ya interpuso una denuncia formal ante las autoridades estatales con el respaldo de asesores jurídicos. El expediente quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, instancia que ya trabaja en la identificación plena de cada uno de los elementos que aparecen en la filmación o que permitieron la agresión, a fin de proceder legalmente por la vía penal y administrativa en su contra.
