En días pasados la Cámara de Diputados expidió la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, en sustitución del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y dio paso a la creación del nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
La comunidad científica está muy preocupada y espera que se tomen algunas medidas para tratar de revertir esta propuesta de Ley ya dictaminada en comisiones, porque el daño puede ser muy letal para México, subrayó Eugenio Urrutia Albisua, Vicerrector de Investigación de la UPAEP.
Advirtió, “sospechamos que por estas circunstancias, mucho talento mexicano en el campo de la investigación buscará nuevos horizontes en otros países y recordar que el Sistema Nacional de Investigadores fue creado para retener el talento mexicano en el país a través de un estímulo económico que si bien no resuelve los problemas económicos de las personas, por lo menos era un incentivo para quedarse en México, ahora será más difícil retenerlos porque incluso las reglas del juego no están muy claras, inclusive para los miembros del Sistema Nacional de Investigadores e instituciones públicas”.
Agregó que en estos momentos hay pesimismo, hay tristeza en la comunidad académica y en conjunto buscarán revertir esta situación que nada abona para el futuro científico del país.
La comunidad académica nacional, como es el caso de la academia de ciencias, de ingenierías y la academia de medicina, manifestaron su desacuerdo por lo sucedido en días pasados con la aprobación de la nueva ley, “porque no es que desaparezca el CONACYT, sino que cambia la forma de operar”, reiteró el Vicerrector de Investigación de la UPAEP.
El nuevo organismo no contempla el consenso de la comunidad académica. Hubo un acuerdo con las instituciones de educación, con los centros de investigación, con la comunidad científica de llevar a cabo siete foros abiertos en la Cámara de Diputados, en dos comisiones, en la de Ciencia y Tecnología y en la de educación, de esas siete comisiones sólo se hicieron dos, cinco que estaban comprometidas simplemente se dejaron de hacer de una manera unilateral, faltando al compromiso que se había adquirido.
Por lo tanto, la ley que queda aprobada en comisiones, lamentablemente no tiene el consenso del universo académico del país, tanto de instituciones públicas como privadas, muchos científicos nacionales han manifestado claramente su oposición a la nueva estructura de gobierno del CONACYT y de su funcionamiento.
Dijo que la Junta de Gobierno del nuevo organismo cuenta con trece secretarías de estado del Gobierno Federal con voz y voto, pero, sin la voz y voto de los académicos del país y de las universidades.
No hay ningún compromiso en esta Ley sobre el presupuesto que se asignará al desarrollo de Humanidades, Ciencia y Tecnología e Innovación en México.
Comentó que durante muchos años atrás y aun cuando no se alcanzó el 1% del Producto Interno Bruto, ahora, ni siquiera aparece ese dato en la Ley, situación que de alguna manera complica lo que ya está pasando al respecto.
Dijo que de acuerdo a datos proporcionados por el gobierno federal, este año y el anterior, indican que menos inversiones ha hecho el gobierno federal en investigación, desarrollo tecnológico y desarrollo experimental, en donde de 100 mil millones de pesos del año 2011, en este 2023, se cuentan con 70 mil millones de pesos, es decir, 30% menos en pesos constantes comparados con hace 10 años, por lo que la situación es dramática y lo que viene todavía es peor.
Urrutia Albisua expresó que por otro lado, le preocupa a las instituciones particulares el hecho de que en la nueva Ley queda establecido que ninguna persona que trabaje en instituciones particulares por más serias que estas sean, por más calidad académica que estas tengan, no van a recibir el estímulo que proporcionaba el Sistema Nacional de Investigadores, situación que ya venía sucediendo desde hace varios años.
Comentó que dicha situación ha permitido que muchas instituciones particulares importantes de México inviertan más en el campo de la investigación; porque al recibir este apoyo los investigadores, las instituciones pueden invertir más en equipos, infraestructura, en publicaciones, etc., y ahora, los investigadores que trabajen en instituciones particulares no van a recibir este estímulo, -situación que viene sucediendo parcialmente- pero ahora ya quedó asentado en la Ley.
Por otro lado, se tiene un problema serio con las becas, no solamente para las instituciones particulares, sino también para las instituciones públicas, porque desaparece el Padrón Nacional de Programas de Posgrado, que era una manera de medir la calidad de esos programas y en función de la misma, se otorgaban las becas.
Ahora con la nueva Ley, este padrón ha desaparecido y no tiene claro que procederá y como otras decisiones, será de manera discrecional.
Asimismo, los estados y municipios no tienen voz y voto en las decisiones que se tomen en este nuevo organismo, lo que favorecerá por supuesto, la discrecionalidad también.
Por lo tanto, esta falta de respeto a los acuerdos asumidos hacia la comunidad científica resulta grave porque la comunidad científica del país lo que busca es justamente el desarrollo del mismo y en lugar de percibir un mayor apoyo por parte del gobierno federal, lo que ahora se tiene es un mayor condicionamiento para poder ser apoyados. Incluso los centros de investigación públicos como el INAOE en Puebla, se ven seriamente afectados porque están acotados en términos de financiamiento y en términos de qué deben y no deben investigar.
La comunidad científica está muy preocupada y espera que se tomen algunas medidas para tratar de revertir esta propuesta de Ley ya dictaminada en comisiones porque el daño puede ser muy letal para México.
