El Protocolo Alba es uno de los principales mecanismos para la búsqueda de mujeres desaparecidas en México y ha sido implementado en 25 estados, Puebla es uno de ellos. A pesar de llevar casi tres años activo, especialistas aseguran que se trata de un instrumento inoperante y mal planteado.
Según un análisis expuesto por el Observatorio Con los Ojos Abiertos: Por el Derecho a la Verdad del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ de la IBERO Puebla, el protocolo presenta graves deficiencias que hacen confusos los criterios del mecanismo de búsqueda.
Al presentar el Análisis Técnico sobre el Protocolo Alba en Puebla, la responsable del Observatorio Con los Ojos Abiertos, la Mtra. Shanik David George, señaló que las razones por las cuales el protocolo no opera son alarmantes, pues a partir de solicitudes de información se reafirmó que no existe voluntad en activarlo.
Existe una omisión de las autoridades para poner en marcha este protocolo que, según la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), debe activarse en aquellos estados que tengan Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), como es el caso de Puebla.
Al año, 700 mujeres desaparecen en Puebla, según la Fiscalía General del Estado. La implementación del protocolo resulta fundamental, ya que, en el 82% de los casos en los que se activa, las mujeres regresan a casa. Si bien el documento tiene muchas deficiencias, su uso, expuso David George, sería un gran avance en materia de búsqueda de personas desaparecidas.
Vigente pero inoperante
La justificación de la FGE ante la inoperancia del protocolo es que, debido a la contingencia sanitaria de marzo de 2020 por el brote del coronavirus, no se ha podido instalar el grupo técnico de colaboración, a pesar de que se tuvieron seis meses previos a la pandemia para ello.
El Protocolo Alba en la entidad se publicó el 19 de septiembre de 2019, después de una reformulación que ordenó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) a una primera versión de 2018, que no cumplía con estándares y recomendaciones internacionales.
Aun con esa revisión, el Observatorio identificó omisiones graves según criterios internacionales. Por ejemplo, se deja pasar un periodo de 24 horas después de la notificación de desaparición de una mujer para realizar acciones de búsqueda concretas, lo que va en contra de los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la localización de personas desaparecidas.
María Concepción Aguayo García, integrante del Colectivo Voz de los Desaparecidos de Puebla, presentó al público de la IBERO Puebla cuatro casos en los que el Protocolo Alba hubiera sido fundamental para la localización de mujeres desaparecidas, y en los que sus familias fueron víctimas del sistema que se negó a aplicar los protocolos correspondientes.
Claudia Vargas desapareció en 2016. Su familia fue víctima de omisiones y violaciones a los derechos humanos al presentar la denuncia, donde imperó la estigmatización por la edad de la víctima: las autoridades se negaron a buscarla desde el primer momento y argumentaron que la mujer de 39 años se habría ido por su propio pie.
“Estas cuatro mujeres con diferentes edades, con diferentes formas de vida, pues fueron víctimas de la desaparición forzada. Fueron víctimas del Estado por la negligencia, por la omisión y por la injusticia”: María Concepción Aguayo
Situación similar se hizo presente en el caso de Emma Ochoa, quien también desapareció en 2016. La respuesta que las autoridades que debían velar por su seguridad dieron a la familia, fue que “como se trataba de una señora, seguramente se fue por su voluntad propia”.
Nadia Guadalupe desapareció en octubre de 2017. Ella era menor de edad al momento de su desaparición, y a pesar de ello, no se activó la Alerta Amber bajo el argumento de que la joven corría peligro si se aplicaba este recurso. Las autoridades dijeron: “No tiene el perfil para ser víctima de trata de blancas”.
Galilea Cruz Aguayo desapareció cuando ya se contaba con el protocolo Alba en Puebla, en abril de 2019, pero su familia no tuvo acceso a este a pesar de que se levantó una denuncia y ya había una referencia de búsqueda. Por todo ello, el Observatorio con los Ojos Abiertos hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado para que se tomen acciones oportunas para la búsqueda de mujeres, y que se realicen labores de búsqueda exhaustiva e inmediata para cualquier denuncia o reporte.
