Ser periodista en México es convertirse en corresponsal de guerra. Un total de 11 periodistas han sido asesinados en México durante este año. Van 33 en el sexenio. Y nada cambia. Principalmente debido a un discurso de negación por vía triple: la literal (“vamos superbién”), la interpretativa (“yo tengo otros datos”) y la acusatoria (“es herencia del periodo neoliberal”).
Con la crisis de violencia contra la libre expresión en auge dio inicio una nueva edición de la Cátedra Ellacuría, espacio formativo organizado de manera conjunta por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la IBERO Puebla y el Portal de Transparencia Con los Ojos Abiertos.
El foro de este año tiene como objetivo revisar el estatus de la libertad de expresión y el derecho a la información en nuestro país, dos pilares indispensables en todo sistema democrático que se han visto amenazados en tiempos recientes, principalmente por el Ejecutivo federal.
La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se caracteriza por una profunda disputa por conquistar la narrativa. El primer mandatario ha salido avante en la mayoría de los casos: a través de la negación de las violencias persistentes se ha vulnerado los derechos humanos, a las personas y a las instituciones que deben velar por el tejido social.
Fenómenos como la crisis de desapariciones, los feminicidios y los contagios de la Covid-19 son ejemplos claros en los que el Estado ha suprimido la transparencia en favor de mantener un discurso oficial. De todo ello da cuenta el último informe de la asociación Artículo 19 expuesto por el director regional para México y Centroamérica, Leopoldo Maldonado Gutiérrez.
La violencia letal da cuenta de un país colapsado y rebasado por la impunidad, donde las instituciones son cómplices de los grupos (delincuenciales y políticos) que cometen los ilícitos. Pero no solo la muerte refleja la crisis actual: durante 2021 se registraron 644 agresiones a periodistas; una cada 14 horas. De estas, el 44% fueron perpetradas por actores públicos, y solo el 6% por el crimen organizado.
Maldonado Gutiérrez observa con preocupación la estrategia del presidente para estigmatizar toda aquella voz que no le sea afín. Explicó: “Se desinforma, se ataca a quien cuestiona esa desinformación y cuando buscamos por otros medios viene la cerrazón de los mecanismos públicos de acceso a la información”.
De acuerdo con Artículo 19, el 80% de los dichos del presidente no pueden ser confirmados por instancias públicas, principalmente por “falta de información”.
Empieza entonces el juego del pimpón. Cuando una información no es del agrado del presidente, se descalifica; particularmente en el segmento Quién es quién en las mentiras de los miércoles. Sin embargo, Artículo 19 ha determinado que cuatro de cada diez afirmaciones versadas en este espacio son verificables. Y así, un desmentir en bucle. “El Estado no puede erigirse como verificador de la verdad. Eso es peligrosísimo en cualquier postura política”.
Cuando la conferencia de todas las mañanas llega a su fin, la discusión se muda a Twitter, el campo de batalla ideológica del mundo digital. En este espacio, aseguró Leopoldo Maldonado, se acrecientan los discursos violentos en contra de prensa, asociaciones y ciudadanos críticos al poder. En algunos casos, estas formas de acoso escalan a persecuciones judiciales: cada mes se reportan al menos tres demandas contra medios informativos por difamación.
“Esta intolerancia a la crítica no es privativa de un partido: es un tema de una clase política refractaria al escrutinio público […] En el momento de la disputa por el poder hay una profunda intolerancia”: Leopoldo Maldonado.
Una de las promesas de campaña de López Obrador fue sumar a la pluralidad mediática, esto en respuesta a las controversias por publicidad oficial del sexenio de Enrique Peña Nieto. El presupuesto en comunicación social se redujo en una quinta parte, pero persiste el apoyo desmedido a un grupo selecto de medios privados, lo que sesga el debate público a favor del presidente.
El especialista se refirió también a la brecha digital como un inhibidor de la participación pública y un obstáculo en el acceso a derechos. Los estratos socioeconómicos más bajos han sido víctimas de una deficiente estrategia de conectividad, lo que ha provocado que la mitad de la población rural no tenga acceso a internet (en suma, cera de 32 millones de personas según el INEGI).
La negación de la realidad mexicana tiene como consecuencias el debilitamiento de las instituciones, el incremento presupuestal para las fuerzas armadas y, principalmente, la impunidad. Concluyó el activista: “La violencia contra la prensa y la violencia en general es imposible en democracia. No podemos normalizarla”.
