Por Daniel Osorio
Niñas, niños y adolescentes podrían estar siendo utilizados por grupos delictivos en algunas zonas de Puebla, una situación que ya encendió alertas entre legisladores estatales debido al riesgo que representa para las comunidades y para los propios menores.
Las regiones que generan mayor preocupación son la Sierra Norte y la Mixteca poblana, donde existen reportes sobre intentos de captación de jóvenes por parte de organizaciones criminales. De acuerdo con autoridades legislativas, el fenómeno no se limita al involucramiento directo en delitos, sino que también incluye tareas de vigilancia, mensajería e incluso labores logísticas para grupos fuera de la ley.
Ante este escenario, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, Pável Gaspar Ramírez, llamó a atender el problema antes de que se convierta en una situación de mayor alcance. El legislador consideró que la prevención debe involucrar a instituciones educativas, familias y autoridades de los tres niveles de gobierno.
Gaspar Ramírez advirtió que la falta de oportunidades, la deserción escolar y diversos factores sociales pueden ser aprovechados por organizaciones criminales para acercarse a menores de edad y atraerlos con promesas de dinero o pertenencia a un grupo.
La preocupación ha llevado al Congreso local a impulsar medidas para fortalecer el marco legal contra estas prácticas. Entre las propuestas se encuentra el establecimiento de sanciones específicas para quienes recluten o utilicen a personas menores de edad en actividades relacionadas con la delincuencia.
El tema ha cobrado relevancia en distintos estados del país durante los últimos años, debido a que organizaciones criminales buscan incorporar cada vez a personas más jóvenes a sus estructuras. En Puebla, legisladores consideran necesario actuar de manera preventiva para evitar que esta problemática se expanda a más municipios.
Aunque no se han dado a conocer cifras concretas sobre el número de casos detectados en la entidad, el llamado desde el Poder Legislativo busca visibilizar una situación que, aseguran, requiere atención inmediata para proteger a la población infantil y adolescente de las regiones más vulnerables.
