El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, el Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga SJ, la Clínica Jurídica Minerva Calderón y el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Universidad Iberoamericana Puebla, nos solidarizamos con el Comité de Bienes del Pueblo y Vigilancia de Santa María Coapan (el Comité) y acompañamos su exigencia para obtener la clausura definitiva del relleno sanitario ubicado en su comunidad, reparar la contaminación ocasionada y garantizar la protección de la población ante los riesgos a su salud e integridad.
El pasado 26 de septiembre, tras la clausura oficial del relleno sanitario asentado en el territorio de la comunidad Náhuatl de Santa María Coapan, del municipio de Tehuacán, por autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT), el Presidente de la Junta Auxiliar organizó a un grupo de personas para sacar por la fuerza de sus domicilios a integrantes del Comité y sus familiares con violencia e intimidación, así como con la amenaza de tumbar las puertas e incluso incendiar las instalaciones del medio de información comunitario Radio Coatl.
Lo anterior ocurrió en un clima de violencia, acoso y persecución que se ha ido acrecentando en contra de integrantes del Comité, de la Radio Coatl, de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán A.C., del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y del Colectivo Tlaxkalchipak, a la par del quebrantamiento de los sellos de clausura del relleno sanitario.
Por ello, solicitamos la debida intervención en cumplimiento de sus obligaciones, de las autoridades del Estado Mexicano en sus tres ámbitos de gobierno, para garantizar la clausura definitiva del relleno sanitario, la paz comunitaria y evitar la reiteración de actos delictivos en contra de integrantes del Comité, de Radio Coatl, de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán A.C., del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y del Colectivo Tlaxkalchipak, a partir del otorgamiento de las medidas de protección suficientes en su favor.
